Guerra al uso fraudulento de la vivienda pública

El Principado realizará unas 2.500 inspecciones en los próximos seis meses

RTPA

La alerta de que viviendas públicas puedan estar siendo subarrendadas como alojamientos turísticos lleva al Principado a poner en marcha un plan de inspección que comenzará el lunes, empezando por los concejos costeros. El plan durará seis meses, pero se podría extender durante toda la legislatura si las inspecciones demuestran que hay un uso fraudulento.

El Principado quiere comprobar si, efectivamente, como les han comunicado desde algunos ayuntamientos, hay inquilinos de viviendas públicas que las destinan a alquiler vacacional o que no las usan como primera vivienda.

El número de inspectores pasa de dos a cuatro, y el Principado estima que realizarán unas 2.500 visitas durante los próximos seis meses. Si las inspecciones confirman las sospechas, este plan, anuncian, continuará y se reforzará.

En total hay 9.500 viviendas de alquiler, propiedad de la administración.

La administración también prevé crear la figura de inspector de vivienda para afrontar este tipo de vigilancia en aquellas viviendas públicas en régimen de propiedad.