Dirá algo de esto ‘Pacón’? Investigados por prevaricación todos los ediles de PP e IU de 2007 a 2011 en Cangas

MERA.-Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Los nueve están llamados a declarar en las próximas semanas en el juzgado cangués por una querella interpuesta por el delineante municipal

 

Lidia Álvarez en El Comercio

 

En las próximas semanas todos los concejales de Izquierda Unida y Partido Popular del Ayuntamiento de Cangas del Narcea entre los años 2007 y 2011 deberán pasar por el juzgado cangués para prestar declaración, en calidad de investigados (lo que antes se conocía como imputados) por un presunto delito de prevaricación.

 

En total, son nueve ediles los afectados, seis del PP -Rosa Rodríguez Fernández, Ángel Luis Flórez, Concepción Álvarez Flórez, Juan Javier Rodríguez Menéndez, Manuel Rodríguez Blanco, Jesús García del Riego- y tres de Izquierda Unida, el exalcalde José Manuel Martínez, Bibiana Martínez García y Samuel Areces Álvarez.

 

La causa que instruye el juzgado de Primera Instancia de Cangas deriva de una querella criminal interpuesta por el delineante municipal, Roberto Chacón, y que incluye otros cinco delitos. Dos más por prevaricación, otro de malversación de fondos públicos y dos de coacciones y de los que acusa el exalcalde de IU, José Manuel Martínez, y a un funcionario municipal J. M. A. V.

 

Tanto Martínez como el funcionario ya prestaron declaración en 2014, cuando se inició el pleito y ahora, más de dos años después, están siendo llamados a declarar el resto de los concejales de IU y PP, la exsecretaria municipal P. F. R., que ahora ejerce en Valdés, y varios funcionarios más como testigos. Ayer prestó declaración la exedil de IU Bibiana Martínez y mañana lo hará su excompañero de filas Samuel Areces. La próxima semana será el turno de los exconcejales populares Manuel Rodríguez Blanco y Ángel Flórez.

 

Los hechos se remontan a 2009 cuando por acuerdo del Pleno municipal se decidió iniciar una revisión de la condición de funcionario de Roberto Chacón y se le separa provisionalmente del servicio, suspendiéndolo de empleo y sueldo, al argumentar que no estaba en posesión del título de delineante, cargo que desempeñaba en el Consistorio desde 1986. Se inició entonces un primer pleito y, en julio de 2010, se ordenó que fuese restituido en su puesto, aunque la reincorporación no se haría efectiva hasta mayo de 2011. Chacón denuncia que, desde ese momento y hasta el cambio de gobierno municipal, un mes después, continuó siendo víctima de actos de hostigamiento. Ante la falta de respuesta a una reclamación por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, recurrió a los tribunales. En octubre de 2013, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo condenaba al Consistorio de Cangas a indemnizarlo por los daños morales sufridos. La sentencia fue recurrida por ambas partes y, en marzo de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias elevaba de 9.000 a 20.945 euros (más intereses) la indemnización que el Consistorio debería abonarle.

 

Tras las resoluciones a su favor, tanto Chacón como su abogado, Mario Gómez, consideraron que los hechos podrían ser también constitutivos de una infracción penal e interpusieron la querella criminal que ahora se instruye. Aunque en un primer momento el juzgado de Cangas decidió continuar la investigación solo por los delitos continuados de coacciones y archivarla por todos los demás, la Audiencia Provincial ordenó el pasado junio que se procediera a la investigación de los seis delitos objeto de la querella.

 

«Expulsar de la función pública»

 

El supuesto delito de prevaricación por el que están siendo investigados todos los concejales se refiere al intento de «tratar de expulsar al delineante de la función pública». Las otras dos acusaciones de prevaricación son por el nombramiento del funcionario J. M. A. V. como secretario del Ayuntamiento ‘por delegación’ y por la aceptación y ejercicio por su parte de ese nombramiento.

 

De ahí deriva también el delito continuado de malversación de fondos públicos, «por haberse pagado simultáneamente a dos secretarios municipales cuando la ley solo recoge la existencia de uno». Durante ese tiempo, la acusación estima que el funcionario recibió más de 35.000 euros por estos servicios, aparte de su sueldo como funcionario y mientras también se pagaba a la secretaria municipal titular.

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