Las recientes condiciones impuestas para disfrutar de transporte escolar gratuito han originado este curso un conflicto que tiene muchos visos de no cerrarse satisfactoriamente: cada semana surgen más zonas afectadas. Para que las legítimas aspiraciones de los transportistas, de obtener la mayor rentabilidad del servicio, puedan ser compatibles con la decisión del Gobierno socialista asturiano de reducir el gasto, también en esta materia, se ha ideado una fácil solución: que el alumnado y sus familias pasen por taquilla y adquieran el billete antes de subirse al autobús.
La planificación de este servicio, que incluye el establecimiento de rutas y paradas, es una función atribuida a la Consejería de Educación. Es su responsabilidad, y no vale señalar con el dedo a gobiernos anteriores ni al Consorcio de Transportes. Ella es quien ha decidido excluir a centenares de alumnos de la prestación gratuita de este servicio, que implica, además, la pérdida del derecho a comedor, y ella es quien ha decidido recortar un 25% el presupuesto destinado a las ayudas para quienes, teniendo derecho a transporte gratuito, no lo pueden utilizar. En total, 120.000 euros de ahorro mal entendido. La consejera ha creado un problema donde no lo había para ahorrar 120.000 euros.
Con esta finalidad, el Ejecutivo de Fernández precisaba una nueva norma que, en su arbitrariedad, otorgase a la Administración la capacidad de decidir según las circunstancias. Muy distinta de las instrucciones entonces en vigor, aplicadas por el Gobierno de Foro, y basadas en la objetividad de un criterio que no admitía duda ni equivocación: vivir a más de dos kilómetros del centro educativo. Tres meses antes de publicarse la nueva regulación, anunciaba la titular del ramo que reduciría de dos a 1,5 kilómetros la distancia mínima. Sus declaraciones eran recogidas por este periódico el día 18 de abril: «Creemos que hay que favorecer el desplazamiento, y acortar los tiempos del transporte porque esto influye positivamente en la calidad educativa, es decir, en que lleguen a la escuela en las mejores condiciones posibles». No mentía, pero estaba exhibiendo esa abominable táctica compartida por los trileros y los políticos sin escrúpulos: ocultar al ciudadano sus verdaderas intenciones haciéndole creer lo que no es cierto. Una estafa monumental. Otra más.
Con las familias ya de vacaciones, matriculados sus hijos en los centros, a los que suponían iban a llegar, como siempre, de manera gratuita y en las mejores condiciones posibles, el BOPA de 29 de julio publica las verdaderas intenciones: la gratuidad del transporte se condiciona a residir en distinta localidad a la del colegio, al tiempo que se supedita la apertura de una nueva ruta a la existencia de tres usuarios. Dada la característica dispersión de nuestra población en numerosas áreas de nuestra geografía ¿cuándo se considera que una aldea, parroquia o urbanización pueda quedar incluida o no en el casco urbano de una localidad? Este es el espacio de intervencionismo arbitrario que la Consejería se reserva para, a la vista de sus apreciaciones, poder restarle cuantos beneficiarios juzgue oportuno a este servicio. Decisiones equivocadas y, en algunos casos, reconocidas por la propia consejera, a tenor de las rectificaciones afortunadamente producidas. Los perjudicados, además de pagar, han tenido que escuchar a Javier Fernández presumir de contar con la distancia más corta de España que da derecho a transporte gratuito. Una auténtica burla. ¿O es que al señor Fernández no le habían informado de que el conflicto no está en relación con la distancia sino con la estimación de que el domicilio familiar radique en el mismo casco urbano en que se encuentra el centro educativo asignado? ¿Acaso tiene noticias de que el curso precedente, o el anterior, en que la distancia mínima era mayor, se produjera alguna incidencia similar?
La resolución que excluye a multitud de alumnos obstaculiza gravemente el ejercicio de su derecho a la educación, reconocido en nuestra Constitución, que señala el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica y prescribe que los poderes públicos garanticen este derecho. Un derecho que no sólo se refiere a la prestación específica del servicio educativo sino también a cuantos sean necesarios para su disfrute, como el transporte y el comedor. Vulnera, además, el principio de igualdad de oportunidades y de compensación de aquellas situaciones que supongan desigualdad para acceder a la educación, al abandonar a las familias a su suerte por razón de su lugar de residencia. Incumple, asimismo, la obligación de garantizar la libre elección de centro al privar de ayudas a quienes se escolaricen en centro distinto al asignado. Una resolución siniestra.
Para llegar a la escuela, algunos pondrán en riesgo su seguridad personal caminando por tramos peligrosos, otros utilizarán el transporte regular y llegarán tarde o con una antelación impropia, otros harán uso del transporte escolar previo pago del billete, y todos se sentirán discriminados por vivir donde quieren vivir y asistir al centro que la Administración les ha fijado. Ninguno llegará en las mejores condiciones posibles y, en consecuencia, su rendimiento académico se verá negativamente afectado. Ante semejante despropósito, Foro ha presentado una propuesta de resolución en la Junta del Principado para que se suspenda la aplicación de esta normativa socialista que nos retrotrae a otros tiempos felizmente superados.
Argimiro Rodríguez
Presidente de la Comisión de Educación de FORO
Publicado en El Comercio, 23 de octubre de 2013
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